Hoy el Parlament de Cataluña ha votado no a las corridas de toros. En una poco común, por desgracia, gesta realizada por grupos y coaliciones abolicionistas y críticas con el toreo y el maltrato animal, una Iniciativa Legislativa Popular, o lo que es lo mismo, un determinado número de firmas a favor de la prohibición de las corridas, ha pasado a ser, tras un proceso de debates, pronunciamientos y posicionamientos interesados por parte de gobernantes y políticos, una votación que ha permitido, dentro del sistema democrático representativo en el que políticamente buceamos, una prohibición muy polémica. La conclusión de la historia no ha gustado a todos, sí a amantes de los animales, gentes de mayor sensibilidad y carga moral con respecto a los seres animados y defensores de los derechos animales o al menos, del respeto hacía los mismos, ya sea tanto por la dignidad que a estos se les pueda atribuir como por la dignidad que le resta al hombre el maltrato ejercido por mera diversión legitimada del modo menos ilustrado y crítico posible, por el peso de la tradición. Sin embargo los defensores de la tradición y cultura taurina (porque aunque no nos guste no deja de ser cultura perteneciente a nuestra historia y geografía) así como los dedicados laboralmente al negocio, que son los verdaderamente perjudicados, han topado hoy con una noticia indignante.
Es cierto que la prohibición supondrá una pérdida en muchos sentidos, pérdida cuantificable de diversos modos, ya sea electoral, para los partidos que han permitido una acción política contraria a los intereses de ciertos votantes, ya sea económica, ya que el toreo también es un sector económico relevante a nivel turístico, o cultural, según sea el juez que juzgue. Pero también supone un ahorro en subvenciones a la fiesta y a la ganadería taurina, así como, ante todo, un avance en términos éticos que muy fácilmente pueden conducir a la disensión. No juzgaremos aquí los argumentos esgrimidos por los polos opuestos surgidos en torno al dilema de la tauramaquía y su prohibición, sean estos políticos, legales o morales, ni tampoco atenderemos, por tanto, a la sofisteria y demagogia que los inunda. Sólo atenderemos a la cuestión independetista en tanto que ha servido de arma arrojadiza para ambos bandos.
Los defensores de las corridas y, no nos andemos con eufemismos, el PP, han achacado este proceso de debates y votaciones que han concluido en prohibición a la actitud de rechazo surgida por los sectores independentistas catalanes hacía todo aspecto cultural propio de la nación española, como hijos rebeldes que actúan de modo opuesto a sus padres por mera reacción. Sin embargo eran estos sectores los que parecían ponerse en entredicho a sí mismos al defender la tauromaquia como elemento esnecial de la cultura catalana, mostrando, como se ha visto hoy en telediarios, señeras esteladas con toros estampados, o saliendo a la arena cierto torero catalán con la barretina catalana sobre su cabeza. Los partidos y grupos antitaurinos poca influencia nacionalista comprenden en sus críticas y reivindicaciones, sin embargo, algo huele mal cuando al final del proceso, que ha contado con el máximo apoyo de los partidos independentistas (aunque CIU dejase libertad de voto en sus filas la mayoría ha votado por la prohibición, todo lo opuesto al Partido Socialista que también ha dado, algo poco común, libertad de voto), la prohibición sólo incluye las corridas de toros tradicionales, y no a los tradicionales correbous catalanes, festejos taurinos realizados en los pueblos y localidades catalanes, también propias de otras zonas, en las que los toros pueden, como ocurre en mi pueblo, turolense, llevar bolas de fuego engarzadas en sus cuernos o ser dirigidos por el recorrido mediante una soga hasta llegar al corral. Sí es cierto que en tales casos no se da muerte al animal, ni, en principio, se le clavan arpones y espadas, pero si antes hablabamos de dignidad y respeto, podemos todos apreciar que no son elementos que podamos encontrar en semejantes ejercicios de brutalidad llamados fiesta.
Pero olvidemos ya estas sospechas que importarán al antitaurino pragmático que se felicita por el camino recorrido, aunque este no sea todo lo extenso que el ideal plantea. Analicemos otra cuestión que da título a esta entrada. Muchos políticos han tardado poco en pronunciarse y ofrecer su visión sobre el asunto. Mariano Rajoy ha prometido luchar por cambiar el resultado obtenido democráticamente en Cataluña y propone convertir los toros en Patrimonio de la Humanidad. Esperanza Aguirre ha subrayado el afán prohibitivo del gobierno, no catalán, sino central, es decir, el gobierno de Zapatero, omnipresente culpable a ojos del PP, que realmente, poco habría podido hacer para intervenir en competencias propias de una comunidad autónoma.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha comentado que la decisión tomada en el Parlament no posee connotaciones políticas, sí de otro tipo, pero no políticas. Lo que este hombre ha querido expresar con escaso acierto es que considera que la prohibición no ha surgido tanto por ese afán nacionalista de escindir los español de lo catalán como por motivos de índole moral. ¿Pero cómo sería posible que una decisión democrática adoptada en un parlamento no fuese una decisión política o poseyese connotaciones políticas? ¿No es acaso tal decisión motivada por unas premisas ideológicas que conforman una posición política?
Si los políticos nos pretenden hacer ver que la política no es política no sólo desacreditan su labor y se desacreditan a sí mismos, sino que alteran el significado más noble del concepto de la política para convertirla en lo que ya sin reparo alguno por disimularlo se ha convertido, un juego de acusaciones, críticas, acciones y medidas por parte de una serie de oligarcas cuyo único fin es el de, alejándose la posibilidad de todo pacto o consenso que pretenda satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía, ser votado continuamente y mantenerse en el poder sin que esa mantenecia se comprenda como un medio para alcanzar los fines ideológicos que en teoría son defendidos. Para que lo entendamos mejor, la democracia hoy día ya no parece tratar de la búsqueda del poder para aplicar una serie de normas en base a un plan ideológico previo, sino la creación de un plan ideológico a posteriori (tal y como si se tratase de una estrategia comercial, necesita primeramente de un estudio de mercado que indique la clientela potencial) para obtener el poder y mantenerlo, ya sea esta ansia de poder mero asunto neurótico a tratar por psicoanalistas o nazca de unos intereses privados que casan con el concepto de corrupción y que alejan a la política de esa idea de bien común que desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido motivo de grandes avances y mejoras así como de incontables barbaries e innombrables horrores.
La decisión tomada en Cataluña sí es política. Política, sea esa decisión política motivada por la ética o la estrategia. Pero si los políticos votan algo, como representantes que son del pueblo, debieran hacerlo siempre respondiendo con honestidad a las causas y motivaciones de su decisión, no ocultando nunca las mismas. Así pues, evitaremos confundir influencias éticas donde sólo hay estrategia y podremos evitar que el chantajeo e intercambio de favores políticos supongan el día a día de las políticas llevadas a cabo por gentuza que se instaura como regidora de nuestra comunidad política debido a su capacidad de influencia sobre la masa inconsciente y aletargada que son los potenciales votantes.
Por cierto, las corridas llevan prohibidas en Canarias desde el 91, si bien la tradición allí ha sido casi nula, la exigencia de prohibición y la imposibilidad legal de ser realizadas no ha supuesto grandes críticas a aquellos que se erigen como garantes de la libertad al cuestionar la prohibición catalana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario